“Es el delito que no hemos podido disminuir”: Sheinbaum lanza reforma contra la extorsión

En su conferencia matutina de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una ofensiva legal y operativa sin precedentes para combatir la extorsión, delito que calificó como el más persistente y dañino para la ciudadanía. Acompañada por su gabinete de seguridad, la mandataria anunció el envío de una reforma constitucional al Congreso de la Unión para que este delito sea perseguido de oficio en todo el país.

“Hoy quien tiene que denunciar la extorsión es la víctima, poniendo en riesgo su vida. Eso se acabó. La víctima somos todas y todos; la víctima es el Estado mexicano”, declaró Sheinbaum desde Palacio Nacional.

La reforma busca modificar el artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso a expedir una Ley General contra la Extorsión, con un tipo penal único y sanciones homologadas en todo el país. Entre las acciones destacadas de la estrategia se incluyen:

- Habilitación del número 089 como línea nacional anónima para denunciar extorsiones.

- Investigación de oficio por parte del Estado, sin que recaiga la carga en la víctima.

- Bloqueo de líneas telefónicas utilizadas para extorsionar, con apoyo de empresas de telecomunicaciones.

- Operativos en centros penitenciarios para decomisar celulares usados en extorsiones desde prisión.

- Congelamiento de cuentas bancarias ligadas a este delito, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera.

- Capacitación a operadores del 089 en manejo de crisis y atención a víctimas.

La presidenta reconoció que, a diferencia de otros delitos de alto impacto que han disminuido, la extorsión sigue en aumento. Por ello, subrayó que esta estrategia no solo es legal, sino también operativa y preventiva.

“La extorsión afecta a todos los niveles socioeconómicos, desde comerciantes hasta empresarios. Es un delito que genera miedo, silencio y daño económico. Por eso el Estado asume la responsabilidad de enfrentarlo”, enfatizó.

La iniciativa será enviada hoy mismo al Congreso, y se espera que siente las bases para una política nacional más eficaz y uniforme contra este delito.