Alcaldesa de Tenancingo rechaza acusaciones de simulación de secuestro; denuncia trasfondo político

La presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, rechazó las acusaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) por presunta simulación de secuestro y aseguró que la investigación responde a intereses políticos.

En un video difundido en sus redes sociales, la edil afirmó que detrás de estas acciones existe un propósito para desacreditarla como persona, mujer y servidora pública. Señaló que presuntos operadores vinculados a la Secretaría General de Gobierno estatal estarían detrás de la investigación.

Nápoles recordó que el pasado 31 de mayo denunció ante la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro los hechos ocurridos y aseguró haber entregado todas las pruebas requeridas. Sin embargo, acusó haber recibido un trato discriminatorio y de manipulación por parte de Ministerios Públicos, quienes, según dijo, alteraron la información proporcionada y recurrieron a narrativas falsas.

“Exijo al Fiscal General que conozca de manera directa mi asunto y que se investiguen todas y cada una de las acciones que tuvo el personal adscrito a dicha Fiscalía. Me refiero a los Ministerios Públicos y de cómo manejaron la información que yo proporcioné, manipulándola con narrativas, mentiras, argumentando hoy una supuesta versión de un testigo con criterio de oportunidad”, expresó.

La FGJEM investiga a la alcaldesa y a otras personas por una presunta simulación de secuestro con la que, según la versión oficial, se buscaba justificar el pago de un rescate de 40 millones de pesos provenientes del erario municipal.

Ante ello, Nápoles negó categóricamente que exista un desfalco y pidió al Órgano Superior de Fiscalización que realice auditorías en el municipio para comprobar que las finanzas están sanas.

“Condeno cualquier acto de injusticia y corrupción y que se utilice a las instituciones y a quienes laboren en ellas para lograr un objetivo político”, señaló.

Finalmente, exigió que las autoridades competentes procedan en la investigación “hasta sus últimas consecuencias” para consignar a los verdaderos responsables, sin crear falsos culpables ni chivos expiatorios.