Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, declarado culpable por fraude procesal y soborno a testigos

En una decisión histórica, una jueza colombiana declaró culpable este lunes al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos, convirtiéndolo en el primer exmandatario del país condenado en juicio penal. El fallo, leído por la jueza Sandra Liliana Heredia durante una audiencia que se extendió por casi diez horas, marca un giro significativo en un caso que ha estado en el centro del debate político y judicial colombiano durante más de una década.

Uribe, de 73 años, fue absuelto de un tercer cargo, relacionado con el presunto soborno a una fiscal, pero fue hallado culpable en el prolongado proceso por manipulación de testigos. La sentencia será determinada el próximo viernes, aunque cada uno de los cargos podría acarrear penas de seis a doce años de prisión. Por su edad, el expresidente podría enfrentar la condena en arresto domiciliario.

“La justicia no se arrodilla ante el poder, está al servicio del pueblo colombiano”, afirmó la jueza Heredia, antes de comenzar a leer el fallo de casi mil páginas. “Queremos decirle a Colombia que la justicia ha llegado”.

La condena llega a menos de un año de las elecciones presidenciales de 2026, en las que varios aliados de Uribe, fundador del partido Centro Democrático, buscarán competir por la presidencia. El expresidente y su equipo legal anunciaron que apelarán la decisión, argumentando que el proceso ha sido una persecución política.

“Esto no es el final. Vamos a demostrar que esta decisión, que respetamos, es equivocada”, dijo su abogado Juan Felipe Amaya a medios en el tribunal.

Uribe participó en la audiencia por videollamada junto con su abogado Jaime Granados, quien pidió que se mantenga la presunción de inocencia y que el expresidente permanezca en libertad mientras se resuelve la apelación. Otro de sus abogados, Jaime Lombana, asistió de forma presencial.

El caso se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al entonces senador Iván Cepeda por presuntamente orquestar un complot para vincularlo con grupos paramilitares. Sin embargo, en 2018, la Corte Suprema de Justicia concluyó que Cepeda actuó en el marco de su labor parlamentaria y que no ofreció beneficios ni presionó a exparamilitares. En contraste, el alto tribunal encontró indicios de que Uribe y sus aliados sí habrían presionado a testigos para cambiar sus testimonios.

La Fiscalía General intentó archivar el caso en dos ocasiones, pero las solicitudes fueron rechazadas por jueces. Finalmente, el proceso avanzó hacia juicio, generando un intenso debate nacional e internacional.

La decisión fue celebrada por sectores que han criticado durante años los presuntos vínculos de Uribe con el paramilitarismo, aunque nunca antes había sido condenado. Al mismo tiempo, provocó indignación entre sus seguidores, varios de los cuales se congregaron afuera del tribunal portando máscaras con el rostro del exmandatario.

La condena también despertó reacciones internacionales. El senador estadounidense Marco Rubio calificó el fallo como una instrumentalización del poder judicial colombiano, y advirtió que podría sentar un precedente preocupante. Por su parte, el Banco de Bogotá advirtió en un informe que una decisión adversa contra Uribe podría generar represalias por parte del Gobierno de Estados Unidos, incluyendo la reducción de ayuda a Colombia.

Uribe gobernó Colombia entre 2002 y 2010, liderando una dura ofensiva militar contra las guerrillas y extraditando a líderes paramilitares a Estados Unidos. Fue senador antes y después de su presidencia y es considerado una de las figuras políticas más influyentes —y divisivas— del país.

La Comisión de la Verdad de Colombia señala que los grupos paramilitares, muchos de los cuales se desmovilizaron bajo su gobierno, fueron responsables de más de 205,000 muertes, casi la mitad del total registrado durante el conflicto armado colombiano.

Con esta sentencia, Uribe se une a la lista de expresidentes latinoamericanos condenados judicialmente, como Alberto Fujimori (Perú), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Rafael Correa (Ecuador), Cristina Fernández (Argentina) y Ricardo Martinelli (Panamá).