EU sanciona a empresas mexicanas señaladas por fraudes en tiempos compartidos

El Gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, anunció sanciones contra 13 empresas presuntamente vinculadas a fraudes de tiempos compartidos operados por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), principalmente en Puerto Vallarta, Jalisco.

Entre las compañías señaladas se encuentran Akali Realtors; Centro Mediador de la Costa, S.A. de C.V.; Corporativo Integral de la Costa, S.A. de C.V.; Corporativo Costa Norte, S.A. de C.V.; y Sunmex Travel, S. de R.L. de C.V., las cuales, según el Tesoro, reconocen operar directamente en el sector de tiempos compartidos.

Otra firma identificada es TTR Go, S.A. de C.V., que se presenta como agencia de viajes, pero que las autoridades estadounidenses vinculan con la red de fraude. Además, se incluyen tres empresas inmobiliarias: Inmobiliaria Integral del Puerto, S.A. de C.V.; KVY Bucerías, S.A. de C.V.; y Servicios Inmobiliarios Ibadi, S.A. de C.V.

Las sanciones, aplicadas bajo las órdenes ejecutivas EO 14059 y EO 13224 (enmendada), apuntan a que estas empresas son propiedad o están controladas por Michael Ibarra Díaz Jr., un empresario originario de Puerto Vallarta que, según el Tesoro, ha operado durante más de 20 años en la venta y administración de tiempos compartidos en Jalisco y Nayarit, actuando en nombre del CJNG.

El Departamento del Tesoro describe a Ibarra como un “aparentemente legítimo empresario del sector turístico” con formación en contaduría, lo que encajaría con la estrategia del cártel de usar profesionales para ejecutar un esquema “complejo y altamente lucrativo”.

Ibarra Díaz Jr. se suma a tres altos mandos del CJNG previamente señalados como líderes de este fraude: Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela y Francisco Javier Gudiño Haro. Según las autoridades estadounidenses, estos tres también forman parte de un grupo armado del cártel en Puerto Vallarta dedicado a ejecutar asesinatos de rivales y políticos con armas de alto calibre.

Con esta acción, todos los bienes e intereses de las personas y empresas sancionadas en Estados Unidos quedan bloqueados. Además, cualquier entidad con 50 % o más de propiedad de estas personas también será bloqueada.

El fraude de tiempos compartidos ha sido denunciado por el gobierno estadounidense desde marzo de 2023. La problemática ganó notoriedad en junio de ese año, cuando ocho jóvenes trabajadores de call centers en Zapopan fueron secuestrados y asesinados. Aunque la Fiscalía de Jalisco confirmó que los centros operaban para este sector, el caso no ha sido resuelto y solo se infirió que las víctimas habían descubierto información comprometedora.

Según el FBI, entre 2019 y 2023 alrededor de 6,000 víctimas estadounidenses reportaron pérdidas por casi 300 millones de dólares debido a fraudes de tiempos compartidos en México. En lo que va de 2024, el Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) ha recibido casi 900 denuncias, con pérdidas superiores a 50 millones de dólares, aunque se estima que las cifras reales son mayores debido a que muchas víctimas no denuncian por vergüenza.