STPS condena aumento de tarifas de Uber y anuncia operativos con Profeco

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) manifestó su enérgico rechazo al incremento unilateral de hasta 7% en las tarifas anunciado por la empresa Uber, calificándolo como una medida irresponsable y sin sustento.

La compañía justificó el alza señalando costos asociados a la reciente reforma laboral en plataformas digitales, argumento que fue desmentido por la dependencia federal.

De acuerdo con la STPS, la reforma y los lineamientos del programa piloto fueron resultado de un proceso de diálogo entre el Gobierno de México y las plataformas digitales, entre ellas Uber. Durante dicho proceso, las empresas se comprometieron a no trasladar costos al consumidor ni afectar los ingresos de los trabajadores.

“El aumento, anunciado a tan solo 15 días del inicio del piloto, incumple con los compromisos asumidos y se da sin una evaluación real del impacto económico que la reforma podría tener en las plataformas”, señaló la dependencia en un comunicado.

La STPS recordó que la reforma tiene como objetivo principal dignificar las condiciones laborales de cientos de miles de personas trabajadoras de plataformas digitales, mediante su incorporación al régimen de seguridad social y la mejora de sus derechos laborales.

Asimismo, la Secretaría criticó el modelo de negocio de empresas como Uber, señalando que estas extraen riqueza directa del trabajo de los conductores, quienes asumen por completo los costos operativos de su actividad, como el mantenimiento del vehículo y el equipo necesario para laborar.

Ante este panorama, la STPS anunció que, en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), realizará operativos en todo el país para verificar posibles violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor y sancionar cualquier política tarifaria que afecte injustificadamente a usuarios y trabajadores.

Finalmente, la dependencia exhortó a Uber y a todas las empresas del sector a conducirse con responsabilidad social y apegarse a los compromisos adquiridos con el gobierno, a fin de no perjudicar la economía familiar ni la dignidad laboral de quienes prestan servicios en plataformas digitales.