Vidulfo Rosales renuncia a la defensa de las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa

El abogado Vidulfo Rosales, quien desde 2014 representó legalmente a las familias de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, anunció este jueves 21 de agosto su renuncia como su representante legal.

La decisión, explicó, obedece a la falta de apoyo político, de recursos y a otros compromisos que le impiden continuar con su labor en uno de los casos más emblemáticos de violaciones a derechos humanos en México.

La noticia fue confirmada por organizaciones sociales que recibieron una carta del litigante, en la que también informó su salida del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, institución en la que colaboró durante 24 años en la defensa de los derechos de comunidades indígenas.

En su misiva, Rosales destacó que su retiro no significa abandonar la causa:

“Me retiro de la primera línea de la lucha social con la frente en alto, con la seguridad de haber puesto un grano de arena en la pelea de nuestros pueblos. Desde otras trincheras seguiré exigiendo que los derechos humanos sean una realidad, que los pueblos indígenas y afromexicanos tengan una vida digna y no sean tratados como personas de segunda”.

El abogado recordó sus orígenes en la Montaña de Guerrero, donde, dijo, aprendió a resistir frente a la marginación y la injusticia:

“Toda mi vida he caminado a contracorriente por senderos escarpados producto de la miseria y la exclusión. Por ello tengo la capacidad de sentir las injusticias cometidas contra cualquiera y en cualquier parte”.

De manera extraoficial, medios nacionales señalaron que la renuncia de Rosales estaría vinculada a su posible incorporación al equipo de Hugo Aguilar, próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien asumirá funciones el 1 de septiembre.

La versión cobró fuerza luego de que Aguilar compartiera en redes sociales una fotografía con quienes lo acompañarán en esta nueva etapa, en la que aparece Rosales.

Con su salida, las familias de los 43 normalistas se quedan sin su principal representante legal tras más de una década de lucha por justicia.