Jueza ordena a ICE garantizar acceso a abogados a migrantes en ‘Alligator Alcatraz’
Una jueza federal de Estados Unidos ordenó este viernes al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) permitir que los migrantes detenidos en el centro conocido como ‘Alligator Alcatraz’, en Florida, tengan acceso a asesoría legal, en medio de crecientes denuncias por presuntos abusos en el lugar.
La jueza Sheri Polster Chappell instruyó también a ICE y a la División de Gestión de Emergencias de Florida (FDEM) a publicar información clara sobre cómo los abogados pueden contactar a las personas detenidas en el recinto, ubicado al oeste de Miami.
La resolución responde a una demanda presentada por organizaciones como la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU) y Sanctuary of the South, que acusan violaciones al debido proceso en este centro, convertido en símbolo de la política migratoria del presidente Donald Trump tras casi un año de operación.
Corene Kendrick, subdirectora del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU, calificó el fallo como “una gran victoria” y subrayó que el acceso a un abogado es un derecho constitucional. “El estado de Florida e ICE no pueden detener a personas sin darles la posibilidad de comunicarse con su defensa legal”, señaló.
El centro fue inaugurado en julio de 2025 en una zona de los Everglades, un entorno natural habitado por fauna como caimanes, serpientes y cocodrilos, lo que ha incrementado la controversia en torno a sus condiciones.
En paralelo, los senadores demócratas Jon Ossoff y Richard ‘Dick’ Durbin solicitaron una investigación formal al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ante lo que calificaron como “acusaciones creíbles” de abusos.
De acuerdo con su denuncia, algunos migrantes son castigados mediante confinamiento en “pequeñas jaulas”, conocidas como “la caja”, donde permanecen esposados durante horas, expuestos al sol y sin acceso a alimentos ni agua.
Los legisladores advirtieron que estas condiciones podrían violar tanto los estándares de detención del Departamento de Seguridad Nacional como la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura.
El caso ha intensificado el escrutinio sobre este centro de detención, en un contexto de debate nacional sobre las políticas migratorias y el trato a personas bajo custodia federal.
